Recomponer los instrumentos de participación ciudadana

Colaborador Invitado.
José Alberto Márquez Salazar.

Los instrumentos normativos creados con el fin de fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno se han convertido en un instrumento del gobierno en turno para legitimar sus acciones políticas y para afectar el interés de grupos políticos antagónicos a sus propuestas.
La prueba más cercana a esta afirmación es la consulta sobre la Reforma Energética que el Frente Amplio Progresista convocó para este domingo 27 de julio. Teniendo como base dos preguntas en torno a una idea general sobre las iniciativas que presentó el Ejecutivo Federal para reformar el marco regulatoria de la paraestatal Pemex, la consulta fue promovida en diversos medios de comunicación y el sesgo de algunos actores políticos la ubicaron –mediáticamente- como un acto de decisión vinculatorio a las decisiones que adopte el Congreso de la Unión sobre la propuesta de reformas presentadas.
Hace aproximadamente quince años, el Distrito Federal vivió un ejercicio de Referéndum, convocado por el Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas de izquierda, para saber si los habitantes de la entidad estaban de acuerdo en que el Distrito Federal se convirtiera en el Estado 32 de la República. La consulta tenía como fundamento un pasado político autoritario que ha impedido –por consideraciones jurídicas, económicas y de seguridad pública- a la entidad, ser un Estado con su Constitución y su libertad y autonomía. El resultado del cuestionamiento buscó reforzar la Reforma Política que se desarrollaba en la entidad. Entonces, en el Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solis y Marcelo Ebrard, buscaron minimizar y limitar el ejercicio. Al ver que el plebiscito avanzaba, Camacho se sumó.
Quince años después el Distrito Federal tiene mayores ventajas, un Asamblea Legislativa, un Estatuto de Gobierno y elige a su Jefe de gobierno y a los titulares de las “Delegaciones”. La Reforma electoral impulsada por las fuerzas “de izquierda” rindió sus frutos, pero seguimos sin ser un Estado y la gestión de nuestras participaciones económicas sigue dependiendo de otros.
La realización del plebiscito en 1993 fue la concreción de las demandas que sobre los procesos de participación venían dándose en al entidad. La Asamblea de Representantes, instalada en 1988, fue precisamente un instrumento para fortalecer la comunicación entre gobernantes y gobernados ante la falta de instrumentos de participación y de representación. Entonces se alegaba que los ciudadanos tenían en los diputados federales a sus representantes.
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la Consulta es un “instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.”
Y en efecto, esa idea de “cualquier tema” fue la puerta abierta para que el ahora “demócrata y progresista” Jefe de Gobierno someta a la consideración de los habitantes del Distrito Federal esa consulta y la promueva en toda la República bajo el manto protector del Frente Amplio Progresista y un Partido de la Revolución Democrática que no sabe asomar la cara sino es con Andrés Manuel López Obrador y sus propuestas.
Resulta claro que las piedras, decía Spinoza, persisten en su real ser y ahora la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y sus integrantes parecen persistir, porque si hace unas cuántas décadas los mexicanos no atisbábamos a identificar dónde terminaba el partido y dónde el gobierno, en el caso del DF, no sabemos dónde empieza el Frente Amplio Progresista y dónde la Jefatura de Gobierno.
El asunto que podría ser una caricatura jocosa del resabio del antiguo régimen no puede ser dejado de lado.
Resulta que durante los casi dos años de gobierno de Marcelo Ebrard y de trabajo de la Asamblea Legislativa no hay avances en materia de participación ciudadana. La elección de esas figuras cuneiformes que son los Comités Vecinales sigue sin realizarse y los ciudadanos del Distrito Federal seguimos sin tener una verdadera figura de representación que bien podría haberse expresado en las diversas materias que el Jefe de Gobierno no ha querido debatir.

Pensemos, por ejemplo, en el destino de los recursos millonarios que se han destinado para promover la “diversión y cultura de los capitalinos” (pistas de hielo, playas artificiales, museos Nómadas) cuando hay temas, como el agua o la contaminación, que son imprescindibles para la vida diaria y el desarrollo de la entidad. Resulta que la política pública del DF tiene que ver con el incremento de las sanciones para evitar que los que incumplen las leyes no lo hagan. Una política pública coercitiva que va en contra de los discursos modositos con los que se pretende generar una ciudad “en movimiento” o “de la esperanza”.
Las leyes en favor de los no fumadores o sobre la suspensión de la concepción antes de las doce semanas no se discutió ni se puso a consulta. Ahí el peso de la importancia de los ciudadanos quedó de lado. (Estoy seguro, sin embargo, que de haberse puesto a consulta cualquiera de las iniciativas estás hubieran tenido una aceptación mayoritaria).
Los instrumentos de participación ciudadana son de los ciudadanos para cuestionar a la autoridad, para tratar de ejercer influencia en las decisiones o, de plano, para manifestar nuestro desacuerdo. ¿A qué viene entonces una consulta que pretende poner a los distritofederalences en contra de las iniciativas del ejecutivo federal porque el señor Ebrard dice que él tiene la razón y está contra las reformas a Pemex?
¿A qué viene la utilización de recursos públicos -20 millones de pesos, nada más- que podrían utilizarse en otros destinos de mejores beneficios para los ciudadanos?
Viene todo eso en el centro de la disputa política que ya se celebra y que tiene como principio y fin el año de 2012.
Pero también viene una pregunta más sobre la acción e importancia de las instituciones.
La Consulta sobre la Reforma energética se nos ha querido presentar como un ejercicio vinculatorio donde la opinión contará sin más, o sino, la movilización supuestamente justificada o apoyada en los ¿cien mil o un millón de votos? por el NO a las preguntas “amañadas”.
El ejercicio democrático de julio del 2006 llevó a los ciudadanos a elegir a sus representantes al Congreso. Éste es plural, tiene una composición donde las fuerzas políticas pueden generar acuerdos y coaliciones para sufragar y aprobar o desechar iniciativas. Ahora, ¿resulta que los ciudadanos debemos volver a expresar nuestro voto para contradecir a nuestros representantes?
¿Un gobierno nos convoca a impedir los actos de otro gobierno?
Dónde han quedado las instituciones que son responsables de la buena marcha de la República.
El comité organizador de la consulta ventilará en unas horas los resultados de la consulta. Desde la instalación de las casillas la baja participación fue la nota, pero días antes los organizadores ya habían saltado cualquier viso de “fiasco” al advertir que podría haber fraude, que otros –como ellos hace décadas- trabajaban para evitar la participación de los habitantes del Distrito Federal.
Será la misma historia de ver las anécdotas y no la esencia. No se les ocurrirá, ni tantito, que en pos de sus victorias “políticas” y mediáticas se han tergiversado los instrumentos de participación ciudadana de la entidad. Si su idea es desincentivar la participación de la gente, lo han logrado con creces.
Si el resultado de la consulta es que votaron diez y de ellos seis están en contra, será suficiente para decir que la entidad está en contra de las reformas que ni ellos mismos entienden. Pero eso no importa, tampoco les importó hace quince años, lo que importa es ganar la plana, tener un nuevo pretexto para decir que ellos poseen la verdad, al verdadera representación, que ellos son “el destino manifiesto” de la ciudad.
Así como en las fiestas, cuando estos se hayan ido, quienes queden al frente del gobierno de la ciudad tendrán que trabajar para recomponer el sentido de la participación ciudadana y sus instrumentos. Tendrán que levantar los platos y vasos sucios que dejaron los que solamente querían bailar y sentirse bien, los que vinieron a divertirse con recursos públicos que no son suyos.