Convivencia vecinal

Hay una buena institución que es la Procuraduría Social, para atender conflictos entre particulares y el gobierno, y entre particulares, de una forma conciliatoria. No está del todo mal. Sin embargo, en general se trata de procesos legales que buscan ser conciliados. Nadie juzga aunque todos se creen juzgados y cada parte expone sus argumentos. El veredicto del juez no llegará y por lo tanto no habrá un sancionado y ni siquiera alguien que pueda alzar las manos. Aún así, es buena esta entidad.
No obstante, los conflictos vecinales abundan. Distintas personas con las que he platicado los han vivido. Yo tengo excelentes vecinos, pero no así varias personas de mi primer círculo. Esto me dice que los problemas vecinales son muy graves, no sólo por la gravedad de cada uno en particular, sino por la cantidad de conflictos que parece haber. ¿Qué los detona? Creo que un psicólogo podría responder mejor esta pregunta, pero sin duda reflejan varias cosas: diferencias culturales profundas, falta de presencia de la autoridad, falta de educación cívica, el estrés de la ciudad, la cultura de la intolerancia que han venido construyendo, de forma muy sólida, las telenovelas y toda la basura que nos han vendido las dos grandes televisoras por años.
Es un problema de política pública grave que los gobiernos deben empezar a retomar. No basta con una entidad conciliatoria, hay que crear instituciones. Hay que hacer mucho más por una mejor convivencia vecinal:
1. Identificar el tamaño del problema
2. Establecer instituciones que vayan más allá de la simple conciliación: con la posibilidad de que haya sanciones distintas a la multa y el arresto, es decir, trabajo social, asistencia al psicólogo o al psiquiatra, compensación de daños entre vecinos, entre otras medidas.
3. Realizar campañas en las que se fomenten los valores cívicos, que se procure la tolerancia, el respeto, la cooperación, y se ejemplifiquen buenas y malas conductas.
El tema conciliatorio está bien, pero insisto en que no es suficiente, y entre vecinos las demandas civiles pueden llevar costes jurídicos demasiado caras, por lo que en la práctica una política meramente conciliatoria refleja la mediocridad del Estado mexicano: no quiere comprometerse con nadie y no asume su responsabilidad.