Este artículo lo publicó Carlos Castillo Peraza en La Nación, número 1330 de agosto de 1971. Ha sido recopilado en el libro El porvenir posible editado en el Fondo de Cultura Económica.
No cabe duda de que los sucesos del pasado Jueves de Corpus han desatado una serie de opiniones diversas y toda una gama de especulación sobre lo que hay de fondo en el asunto que trajo como consecuencia directa la renuncia del regente de la ciudad de México y la del jefe de Policía y Tránsito de la misma urbe.
Alfonso Martínez Domínguez dimitió. Una parvada de "halcones" le puso una piedra en el zapato y el que unas horas antes era considerado como uno de los hombres más fuertes de la política nacional pasó a la pira donde arden muchos políticos en espera de su rehabilitación futura. Colegas mal intencionados hablan ahora de él llamándolo "Halconso", todo porque ahora la regencia capitalina ha pasado a otras manos.
Pero lo que mueve a reflexionar es la existencia del grupo de choque agresor; aves de mal agüero que causaron y quizá continúen causando problemas a muchos.
En primer término, cabe decir que en una democracia no se justifican, ni moral ni legalmente, asociaciones semisecretas con fines violentos o con objetivos de represión. Ellos representan un serio peligro para la vida nacional, ya que, por lo peculiar de su actuación, es imposible imputarles delito alguno, ni localizar precisamente la fuente de responsabilidad jurídica respecto de ellos. Su existencia lleva la represión por tortuosos caminos laberínticos. Naturalmente, los agredidos por grupos así se ven movidos a pensar que la única forma de defensa es la de hacer justicia pro mano propia y esto no es más que el despeñadero a la violencia generalizada.
Por otra parte, dos dimisiones espectaculares no resuelven nada y menos si luego no se exige responsabilidades. Aquí es preciso anotar cuán peregrina es la idea de quienes piensan encontrar en las nóminas oficiales del Departamento del Distrito Federal comprobantes de salarios a las aves rapaces de que hablamos.
El Gobierno ha aceptado la existencia de los "halcones". De esta manera, la responsabilidad de hallarlos y castigarlos radica en el poder público. La investigación detallada y responsable así como la estricta aplicación de las normas jurídicas están en manos del gobierno.
En caso de que el asunto sea sepultado en el foso sin fondo de los trámites burocráticos, se puede pensar que se está gestando un atentado contra la seguridad nacional porque la desconfianza en las autoridades es la pendiente hacia la revuelta anárquica, utilizada casi siempre por quienes usan la democracia como slogan de campañas prodictadura.
Nada positivo promete el aleteo de los "halcones", que sustituyeron -desde el Jueves de Corpus- a las lechuzas como augures de acontecimientos funestos.
miércoles, 10 de junio de 2009
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