RATIFICACIÓN DEL GABINETE

Por Alberto Márquez Salazar

Los límites que guardan los poderes Ejecutivo y Legislativo en México están definidos claramente en nuestra Constitución Política y para fortalecer la gobernabilidad necesaria hay que modificar algunos de los artículos. Nuestra pluralidad, el supuesto gobierno compartido, no ha generado corresponsabilidad en la conducción de la nación y debemos modificar el marco normativo para que las instituciones, dónde se toman las decisiones y dónde se instrumentan los mecanismos reales de gobierno, generen la gobernabilidad que demandan los ciudadanos.
Existen una tendencia que apunta a la concentración y ampliación de facultades como generadora de mayor gobernabilidad y, por otra parte, la idea de que las decisiones deben pasar por el espectro de la discusión parlamentaria y la limitación jurisdiccional. En las formas de gobierno teóricas encontramos al parlamentarismo como un ejemplo de la forma en que se distribuyen competencias y se comparten responsabilidades, pero ahí no hay una separación entre el gobierno y el parlamento. En México, el sistema que gobernó durante 70 años implementó un mecanismo donde el Ejecutivo ratificaba al Congreso. Con sus poderes extraconstitucionales, el presidente era el eje angular de la gobernabilidad. Desde que la figura perdió fuerza y el PRI salió del gobierno, el sistema se modificó y no hemos encontrado el camino a la gobernabilidad.
En la agenda de discusión de la reforma política analizada por el Senado de la República está ausente la modificación del sistema de gobierno (presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo). Me parece que se está discutiendo más el cómo se llega al Congreso y cómo hacemos que éste funcione (fortalecimiento del poder Legislativo) menoscabando su relación con el Ejecutivo y la posibilidad de establecer un sistema de gobierno con responsabilidades políticas para todos los protagonistas políticos (fortalecimiento del Ejecutivo).
Si el Congreso, los partidos y el gobierno Federal no se atreven a abordar con amplitud el tema de cambio de régimen de gobierno, podría avanzarse al promover la ratificación del gabinete presidencial por parte del Congreso de la Unión. Se trataría de que el Congreso de la Unión apruebe por mayoría simple a los integrantes del gabinete presidencial o solamente a los que sean considerados como fundamentales. Actualmente y de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Política, el Senado de la República ratifica a ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, a los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, a los empleados superiores de Hacienda (Senado) y al Procurador General de la República.
Sin duda alguna, como lo propone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Senado podría aprobar (no ratificar) el nombramiento de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público y de Economía. En tanto, la Cámara de Diputados se encargaría de aprobar a los titulares de Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, y Trabajo y Previsión Social.

La participación del Congreso de la Unión en el nombramiento de los titulares señalados prometería una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo y evitaría que unos limitaran a otros en el papel del ejercicio de gobierno. Además, permitiría que el mismo ejecutivo tuviera más margen de negociación con el Congreso. Las alianzas o acuerdos electorales tendrían una ratificación y consolidación bajo la idea de los intereses comunes.

Existe una diferencia entre poder compartido y poder dividido. Y aquí radica uno de los principales problemas que tenemos para conformar un sistema donde las fuerzas políticas ahora representadas sean corresponsables del camino de la República. La idea de la ratificación del gabinete por el Congreso haría una realidad el poder compartido, generaría gobernabilidad, pero sobre todo, el ciudadano vería en hechos que las instituciones están dedicadas a buscar su bienestar y el de la nación. Además, está conformación daría el fortalecimiento y ampliación de facultades a las instituciones de gobierno y las decisiones pasarían por el arcoíris de la democracia, de la discusión democrática seria y fértil.