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Por José Alberto Márquez Salazar

Colaborador de los jueves

El día de ayer, en el centro de la ciudad de México, miles de personas se manifestaron en contra de la violencia que se vive en muchas partes de la República. De acuerdo con diversas notas, también en otras ciudades, especialmente en Cuernavaca, Morelos, y en otros países fue repetida la marcha.

La guerra contra el narcotráfico que el presidente de la República inició desde su sexenio incrementó exponencialmente el número de muertos, incluyendo inocentes desligados de la delincuencia organizada. En el 2010, fueron poco más de 15,000 personas. Tan sólo el día de ayer fueron encontrados 59 muertos en una fosa clandestina en Tamaulipas.

Una reciente encuesta, publicada por el periódico Excélsior, sobre la percepción ciudadana de la inseguridad presenta resultados lógicos: el 46.25 % se siente más inseguro que el año pasado; 12.61 % muchos más inseguro y 34.01 igual. Solamente un 6.37% se siente un poco más seguro.

El gobierno federal por comisión, y muchos gobiernos estatales por omisión, no han podido revertir ni siquiera la percepción ciudadana sobre la inseguridad, muchos menos han logrado revertir el problema. La Iniciativa México, con todo y las grandes inversiones, no impacta en la gente que solamente ve un producto demagógico ni en los especialistas que ven con falsos fines la “uniformidad” de la información sobre la violencia que recientemente se convocó.

La de ayer fue una más de las manifestaciones de hastío que se suma a las convocadas años atrás por la sociedad civil y que, lamentablemente, no han tenido respuesta práctica de las autoridades. Es cierto, ningún gobernante se ha negado a escuchar y comprometerse a resolver la situación, pero la delincuencia y la violencia se incrementan y, entrados en el año electoral, el tema es utilizado por el PRD y por el PRI para demostrar la incapacidad de los gobiernos panistas. Entre acordar con los delincuentes o enfrentarlos, el PRI y el PAN ya tomaron su decisión.

Ayer también fue aprobada en Comisiones la propuesta del presidente Felipe Calderón para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República. Será el jueves cuando Marisela Morales tenga que lograr que dos terceras partes de los integrantes del Senado de la República aprueben su nombramiento. Morales fue, recientemente, homenajeada en Estados Unidos por su labor en la PGR y ha resultado tener el beneplácito del gobierno estadounidense porque en ella si ven a “una socia”. Durante su comparecencia ante las comisiones del Senado, afirmó "Sé qué nos falta por hacer (en la PGR) y sé cómo hacerlo".

La “presunta procuradora” estuvo involucrada directamente con la integración y procedimientos de la PGR contra dos personajes políticos, candidatos del PRD a cargos de elección popular: Greg Sánchez y Julio Cesar Godoy Toscano. Además de haber sido pieza clave para conformar el procedimiento para el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Esa son sus credenciales de presentación. Pero, al parecer, para Felipe Calderón y sus socios en Estados Unidos, no hay más opciones.

El nombramiento de una procuradora que sabe cómo cambiar a la institución; la marcha de indignación de los ciudadanos, el descubrimiento de cadáveres en Tamaulipas. ¿A dónde nos lleva todo esto?

Porqué Felipe Calderón no ha logrado disminuir la tendencia creciente de la violencia que ya golpea hasta a los que ni remotamente están involucrados con la delincuencia organizada.

Alrededor del año 1300, las ciudades de Lombardia y Toscana, en Europa, tenían claras dos visiones para limitar el poder del Emperador, Luis de Baviera: mantener su derecho a ser libres, en su vida política, del dominio externo; y al derecho de gobernarse como determinarán. Las ciudades eran pequeñas y eso les permitió construir formas de representación que les dieron fuerza interna. Más tarde sucumbieron frente a la fuerza creciente de la violencia de los imperios y ante la conformación de la idea del Estado del Renacimiento.

México tiene doscientos años de vida y su conformación política, su acuerdo o pacto han dejado de tener mucho sentido frente a lo que pasa. En tanto el Senado, encerrado tras sus muros discute y analiza “políticamente” el nombramiento de una procuradora, la calle grita y demanda seguridad. Seguridad que se ha perdido y no hoy, sino desde hace más de 20 años.

La seguridad pública, al igual que la educación o la salud, es un tema que tenemos que resolver todos. El pacto social nos obligaría a esa responsabilidad, pero ya no hay tal: ni los ciudadanos creen en sus gobernantes ni los gobernantes entienden a sus ciudadanos. Los gobernantes escuchan y se comprometen, sería políticamente incorrecto hacerlo, pero no hablan el lenguaje de la calle.

Quentin Skinner escribió: “…es evidente que la naturaleza y los límites del vocabulario normativo disponible en cualquier momento también ayudarán a determinar las formas en que llegan a elegirse y elucidarse problemas particulares”. Durante la comparecencia de Marisela Morales, algunos Senadores externaron su preocupación porque la presunta no utilizará el cargo políticamente; otro senador afirmó que se le veía una persona honesta y valiente; otro dijo que tenía experiencia; ella misma afirmó saber cómo cambiar a la institución. Pero de la solución para los ciudadanos, nada. Hablan sus propios idiomas, sus propios lenguajes.

El presidente del PRI, Humberto Moreira, dedica una parte de su tiempo al frente del partido para provocar a los incompetentes secretarios de Estado del gobierno de Felipe Calderón y estos se enganchan con él discutiendo inclusive quién dejó “plantado” a quién; quién tiene mejores y más confiables datos sobre la pobreza en México. Pero hablan entre ellos creyendo que la “legitimidad” de sus comentarios son los que la gente tiene en su boca.

La calle anda, en una esfera diferente, donde las tensiones políticas aceleran la falta de empleo, el raquítico salario, la inseguridad latente. En la tienda, una mujer pregunta por el costo del litro de leche y el tendero le informa que ya aumentó, el presidente de la República dice que los mexicanos tenemos mejores condiciones. Humberto Moreira presenta un espectáculo mediático para advertirle al Presidente cuánto es el costo de los productos, su encarecimiento, y luego pierde el sentido porque el mensaje se queda en la discusión con los otros.

Marcelo Ebrard afirma ser de izquierda, dice escuchar las demandas de los habitantes de la ciudad, pero el cuerpo de granaderos hace el resto. Se compromete a apoyar a los mercados públicos para evitar que las pequeñas tienditas los avasallen, pero nada dice de otorgarles la exclusividad de los vales que otorga el gobierno del Distrito Federal a sus empelados. ¿Por qué comercial Mexicana tiene esa exclusividad y no los mercados públicos?

Escuchan, dicen hablar por los “pobres”, por la gente, se comprometen y juran –como lo hizo Marcelo Ebrard- que si no dan resultados “renunciarán”, pero de entender, de entender qué es lo que pasa en la calle, nada.

Luego de la marcha de ayer la pregunta es inevitable: ¿Qué resultados puede darnos ese acumulamiento de odios y rencores? ¿Cómo impedir que la inseguridad sea mercancía política? ¿Cómo lograr que nuestra soberanía sea ejercida a nuestro favor? ¿Cómo restablecer el pacto político-social?

Nuevas formas, nuevo lenguaje, nueva política.