Garantías básicas para los ciudadanos

GARANTÍAS BÁSICAS PARA LOS CIUDADANOS (1ª parte)
Por José Alberto Márquez Salazar


El pasado 27 de agosto, el periódico El Universal difundió una noticia sobre los trabajos que realiza la Procuraduría Social del Distrito Federal para crear una ley “pro derecho ciudadano”. De acuerdo con la nota se trata de que “los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento de solicitudes de bacheo, de información y de distintas cuestiones a las secretarías y delegaciones.”

En un país con un sistema de administración pública con mayor eficacia, las demandas de los ciudadanos en torno a los diferentes servicios públicos que prestan las administraciones locales serían menores debido a su probable atención constante. Es decir, una administración eficiente haría que todos los servicios funcionaran sin mayor problema por lo que solamente las eventualidades que pudiera haber serían objeto de demanda de los ciudadanos. Nuestro país aún no cuenta con sistemas de tal forma eficientes y con ciudadanos completamente preparados para realizar gestiones. De hecho la gestión pública se convirtió desde los setentas a la fecha en un objeto de proselitismo político. Primero fue el PRI quien puso en marcha a miles de gestores-operadores políticos que se encargaban de recoger las demandas, pasarlas al diputado en turno a los gobernantes en turno y ganar un voto. La transición democrática no trajo mejores vientos y a diestra y siniestra muchas administraciones siguen utilizándolo de la misma forma.

Ante el inmaduro aparato institucional que aún tenemos (el Presidencialismo acotado ha dejado mayor autonomía a Estados, Municipios y demás fórmulas de gobierno), la falta de respuesta de las autoridades y el desconocimiento de los ciudadanos para plantear una demanda, algunos estados de la República necesitan formular ordenamientos, quizá coyunturales o de vida corta, para poder recuperara la confianza que los ciudadanos han ido perdiendo en torno a las instituciones de gobierno.

Para nadie es extraña la imagen del ciudadano que, ventanilla tras ventanilla, trata de ser atendido sin lograr un resultado efectivo sobre el problema planteado. En algunos casos, ni siquiera conoce una respuesta sobre el asunto que lo llevó a enfrentar a una burocracia, en muchas ocasiones, sin vocación de servicio al público.

En algunos casos, como en el Distrito Federal, resulta curioso que mientras más autonomía administrativa adquiere y las oficinas de atención ciudadana aumentan, el número de ciudadanos que acuden a ellas baja porque consideran que es perder tiempo. La relación entre autoridades y habitantes se deterioró décadas atrás y reconstruirla es un proceso largo y difícil. En temas fundamentales, los mismos ciudadanos eluden participar y establecer la relación con las autoridades. Por ejemplo, algunos de los más importantes analistas en materia de seguridad pública, afirman que el índice inseguridad no puede medirse con precisión porque muchos ciudadanos ante el ilícito cometido en su contra optan por no presentar su denuncia para evitarse trámites engorrosos y malos tratos.

Lo cierto es que, justa o injustamente, el reclamo de los ciudadanos se fortalece frente a sus autoridades y es muy necesario generar los mecanismos que permitan restablecer esa confianza. No olvidemos que la administración pública, la función pública y de los servidores, solamente tiene referencia por la existencia de ciudadanos que con sus impuestos cubren los costos y con su voto eligen a los que consideran adecuados para administrar la cosa pública.

En el Distrito Federal, las dieciséis delegaciones políticas y las principales secretarias, incluida la oficina del Jefe de Gobierno, tienen oficinas dedicadas a la atención ciudadana; la Procuraduría Social es un organismo que, aún cuando no tiene rango de Secretaría, está encargada de realizar la principal función de la atención ciudadana; y, finalmente, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenemos a un Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y cada diputado tiene un Módulo de Atención que encausa la demanda existente en su circunscripción. De hecho, al nacimiento de la Asamblea, como de Representantes, uno de sus principales objetivos fue el de la atención y gestión a los problemas planteados por los ciudadanos.

Mucha gente ve a la Procuraduría Social simplemente como un organismo encargado de atender las quejas de los “condóminos” o de mantener adecuadas la relación que hay en esas unidades de convivencia y habitación. Sin embargo, la Procuraduría Social ha sido dejada de lado porque parecería que su impacto en beneficio de los ciudadanos se convertiría en un boomerang que afectaría a las instituciones de gobierno. En suma, si se eficiente y se implementan mayores mecanismos para atender al ciudadano, su efecto podría politizarse.

Durante la pasada legislatura de la Asamblea Legislativa le plantee a algunos diputados la posibilidad de crear una Ley de Atención ciudadana que le brindará a los ciudadanos una garantía mínima de obtener una respuesta por parte de las autoridades a sus demandas planteadas. Sin embargo, como el tema parecía no ser de primera plana o de escándalo, la propuesta no tuvo mucho eco aunque “si era interesante” y podría ser utilizado políticamente para fortalecer a unos y afectar a otros políticos en turno.

La idea de que la propia Procuraduría Social presente la posibilidad de que los ciudadanos accedan a una garantía mínima resulta importante porque finalmente el interés ciudadano y de las instituciones siempre está por encima de las coyunturas políticas.

Tras saber la noticia contacté a la responsable del tema en la Procuraduría Social para poder contribuir a una iniciativa sumamente relevante que no debe quedar en el cajón. En siguientes artículos iré describiendo algunos temas sobre mi propuesta de Ley de Atención Ciudadana y una parte del corpus que sugiero tenga, así como sus beneficios y perjuicios.

El tema de la atención ciudadana –incluyendo sus instrumentos: la gestión, asesoría, orientación y queja- debe ser elevado, en el Distrito Federal, a la categoría de una ley, no solamente ser materia de reglamentos o facultades para algunas unidades administrativas.