Este miércoles 22 de febrero participé en una reunión llamada "Ciudadanos con visión, acuerdos para la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México". El objetivo de la reunión, convocada por el Centro de Colaboración Cívica, el Centro de Transporte Sustentable, el Poder del Consumidor, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, la Unidad Interdisciplinaria de Ingenieria y Ciencias Sociales y Administrativas, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, fue discutir entre distintos actores sociales una propuesta completa de movilidad para el Valle de México.
Me gustó el ejercicio, estuvo muy bien organizado, hubo diversos participantes, no todos vinculados con la movilidad sustentable, sino algunos ligados a otros temas pero sensibilizados del de la movilidad. ¿Podemos los ciudadanos crear agenda en la materia con los gobiernos? El Distrito Federal es mucho más factible, el del Estado de México generalmente no escucha a la sociedad, el estado no cuenta con suficientes organizaciones que hagan agenda, sino en general es un estado con poca participación social exitosa.
Durante el día discutimos distintas formas de transformar la movilidad y lo necesario de parte de la autoridad. El esfuerzo de hoy, en realidad tiene que replicarse con muchos otros actores hasta generar suficiente resonancia que lleve a los gobiernos a tomar las decisiones en el sentido correcto, y evitar el sesgo clientelar que generalmente padecen los gobiernos en este tema.
Este ejercicio coincide con el proceso democrático al que he hecho referencia en este blog: generar suficiente discusión sobre las políticas públicas para que éstas tengan éxito. Cuando entre en funciones el próximo gobierno de la Ciudad de México sería deseable que profundizara y participara en este tipo de ejercicios y no los tomara como algo simplemente organizado por la sociedad civil, sino como algo vinculante para el gobierno, y esto no sólo en el nivel de política pública, sino también en los proyectos de mayor impacto.
jueves, 23 de febrero de 2012
lunes, 20 de febrero de 2012
Bajaaan
El día de hoy me estreno como columnista del periódico 24 Horas (http://www.24-horas.mx/), razón por la cual este blog se actualizará los jueves a partir del 23 de febrero.
lunes, 13 de febrero de 2012
Corredores mixtos
Hace un par de años inició la operación del corredor Cero Emisionas en el Eje Central. Entre la Alberca Olímpica y La Raza, prácticamente el trolebús no tiene competencia ni comparte el derecho de vía con otras rutas. Fuera de estos tramos (de Tasqueña a la Alberca y de La Raza a la Central Norte), la operación es compartida ... y la velocidad se reduce.
En el Eje 2 Sur la mayor parte del corredor Cero Emisiones opera sólo con trolebús. Entre Chapultepec e Insurgentes hay algunos puntos compartidos. El corredor es lento, le falta respeto al carril, y le falta conectar puntos saturados para elevar su demanda. Yo francamente lo habría conectado con San Lázaro y no con Velódromo.
¿Podemos operar el trolebús con autobuses concesionados? Me parecería deseable. En el caso del Eje 3 Norte, donde se prepara el tercer corredor Cero Emisiones habrá más interferencia de otras rutas, lo mismo que en el cuarto corredor, de Chapultepec a El Rosario. El problema que veo en estos nuevos corredores es que, al igual que lo que ocurre en División del Norte, al no mejorar el resto de las rutas el resultado es desastroso: el trolebús debe compartir el derecho de vía con vehículos que no harán paradas en los mismos puntos.
He monitoreado la velocidad del Cero Emisiones del Eje Central y la velocidad es muy buena para tan poca infraestructura. En dirección Sur - Norte es más rápido que en contraflujo. Puede alcanzar velocidades de 18-19 kilómetros por hora, con lo cual es bastante competitivo en las horas pico. Corredores mixtos en los que la operación sea coordinada deberían tener resultados similares.
¿Cómo deben operar los corredores mixtos? La limpieza del corredor, es decir, el evitar y sancionar interferencias, autos estacionados y otros estorbos, es responsabilidad de la autoridad, lo mismo que una buena señalización. Los despachos, la supervisión por tramo y el personal de apoyo tendrían que ser acordados entre concesionarios y transportes eléctricos. Todo el esfuerzo debe ser hacia la velocidad promedio del corredor y la atención al usuario, con una señalización e información común.
La puesta en operación de un corredor de un solo operador en Eje Central tuvo sus costos para la ciudad, pues los microbuses fueron desplazados al Eje 1 Poniente. Se negoció su salida de Eje Central y terminaron ofreciendo de baja frecuencia de Etiopía a Ciudad Universitaria. Al final la ciudad ganó en un lado y perdió en otro. Estos balances tendrían que evitarse si hacemos corredores mixtos en los que todos los operadores mejoren y no sólo uno.
En los próximos años habrá que mejorar los principales corredores de la ciudad mas no necesariamente esto implica una buena operación mixta con otros servicios. En donde ya esté el trolebús habrá que identificar la forma para que este servicio comparta la logística de operación con el transporte concasionado.
En el Eje 2 Sur la mayor parte del corredor Cero Emisiones opera sólo con trolebús. Entre Chapultepec e Insurgentes hay algunos puntos compartidos. El corredor es lento, le falta respeto al carril, y le falta conectar puntos saturados para elevar su demanda. Yo francamente lo habría conectado con San Lázaro y no con Velódromo.
¿Podemos operar el trolebús con autobuses concesionados? Me parecería deseable. En el caso del Eje 3 Norte, donde se prepara el tercer corredor Cero Emisiones habrá más interferencia de otras rutas, lo mismo que en el cuarto corredor, de Chapultepec a El Rosario. El problema que veo en estos nuevos corredores es que, al igual que lo que ocurre en División del Norte, al no mejorar el resto de las rutas el resultado es desastroso: el trolebús debe compartir el derecho de vía con vehículos que no harán paradas en los mismos puntos.
He monitoreado la velocidad del Cero Emisiones del Eje Central y la velocidad es muy buena para tan poca infraestructura. En dirección Sur - Norte es más rápido que en contraflujo. Puede alcanzar velocidades de 18-19 kilómetros por hora, con lo cual es bastante competitivo en las horas pico. Corredores mixtos en los que la operación sea coordinada deberían tener resultados similares.
¿Cómo deben operar los corredores mixtos? La limpieza del corredor, es decir, el evitar y sancionar interferencias, autos estacionados y otros estorbos, es responsabilidad de la autoridad, lo mismo que una buena señalización. Los despachos, la supervisión por tramo y el personal de apoyo tendrían que ser acordados entre concesionarios y transportes eléctricos. Todo el esfuerzo debe ser hacia la velocidad promedio del corredor y la atención al usuario, con una señalización e información común.
La puesta en operación de un corredor de un solo operador en Eje Central tuvo sus costos para la ciudad, pues los microbuses fueron desplazados al Eje 1 Poniente. Se negoció su salida de Eje Central y terminaron ofreciendo de baja frecuencia de Etiopía a Ciudad Universitaria. Al final la ciudad ganó en un lado y perdió en otro. Estos balances tendrían que evitarse si hacemos corredores mixtos en los que todos los operadores mejoren y no sólo uno.
En los próximos años habrá que mejorar los principales corredores de la ciudad mas no necesariamente esto implica una buena operación mixta con otros servicios. En donde ya esté el trolebús habrá que identificar la forma para que este servicio comparta la logística de operación con el transporte concasionado.
lunes, 6 de febrero de 2012
La participación social
Como he mencionado ya en varias ocasiones, la posibilidad de transformación del transporte en la Ciudad de México se concretará si el próximo gobierno se concentra en desarrollar una Red Integrada, una transformación del sistema de buses y con participación social.
¿Qué es la participación social? Si bien soy politólogo, no es un tema en el que me sienta tan cómodo, pero lo describiré desde mis propias aspiraciones ciudadanas.
1. ¿Debo votar?
La participación política no es lo mismo que la participación social, pero se acercan. Creo que el No votar es un derecho, al igual que el votar, en tanto el voto no es obligatorio. No votar no merece ninguna censura, por un lado; y por otro, votar o no votar no da mayor o menor autoridad para opinar.
Es decir, no estoy de acuerdo con las frases que sentencian que si no votas no tienes derecho a opinar. El No - voto, es también una opinión.
2. Una mejor sociedad.
¿Todos aspiramos a una mejor sociedad? De aspirar, tal vez todos aspiremos a una mejor sociedad, más no todos cooperamos con una mejor sociedad. El votar no me hace partícipe de una mejor sociedad. El no votar tampoco me excluye.
La mejor sociedad a la que aspiro la construyo yo mismo. Es cierto que puede haber quienes cooperen más o quienes estorben, pero al final de cuentas la acción más importante es la mía propia.
Actuar contra la sociedad sí me excluye. En la medida que mis acciones, deliberadamente, afectan a los demás, convivo negativamente con la sociedad. Esto es más grave que votar o no votar.
3. Todos tienen derecho a participar
Participar de los problemas públicos no es participar en política. El artículo 33 constitucional, en sí castrante ("Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país"), no limita la participación en los asuntos políticos de la comunidad, de la ciudad o del estado, sólo del país. Hay un veto implícito en la participación de los extranjeros, lo cual no debería ocurrir.
Participamos porque vivimos problemas y beneficios. Participamos en las cosas que nos afectan. No puede haber limitación en la participación por extranjería ni por ninguna otra causa.
4. Participación y eficacia no están peleados.
Los gobiernos democráticos son electos periódicamente, esto no patea los espacios de participación a los 3 o 6 años. La participación puede ser permanente.
No obstante, la participación social no excluye la acción y decisión gubernamental. El gobierno define las políticas públicas a partir de la participación pero no puede quedar atrapado en el referéndum o en mecanismos de consulta para cada decisión. Lo que sí debe ocurrir, desde mi óptica, es la construcción de procesos democráticos repetibles.
Las decisiones de mayor impacto deben consultarse, las de menor no. Las decisiones de impacto local deben tener mecanismos locales, pero en la medida que las decisiones se vuelven generales hay que armonizar el legítimo interés local con el también legítimo interés regional.
5. El punto de partida del bien jurídico tutelado
Hay decisiones polémicas a cargo de los gobiernos. Hay necesidad de revertir situaciones que han sido toleradas pero que no necesariamente deban ser, y sin embargo la exigencia de consulta nos puede llevar a discutir lo ridículo, lo ilegal, lo indebido. En todo caso la consulta debe ser sobre el uso del bien jurídico tutelado.
¿Someter a consulta pública el desalojo de una colonia de invasores? ¿La inequitativa asignación del espacio público? Lo que ha de discutirse es qué hacer con las reglas de manera abstracta o los procedimientos de desalojo, los destinos del espacio público.
Esto no niega la discusión en lo concreto. Podemos discutir el uso específico de un área verde, de un espacio público determinado, de un pozo, de muchas otras cosas más, pero sobre la base de lo que queremos lograr, no sobre la continuidad del usufructo presente.
6. Crear instituciones y procedimientos
Creo mucho en la participación ciudadana pero también en que elegimos autoridades para que tomen decisiones, construyendo consensos. Hay momentos de deliberación y hay momentos de decisión. El chantaje es inadmisible si se dio oportunidad a la participación, pero es lo más defendible cuando no hubo los suficientes espacios de participación.
Desarrollemos mecanismos, instituciones y procedimientos democráticos, con ellos, la autoridad puede, al final de cuentas, tomar decisiones mucho más transparentes, consensadas y adecuadas. Que la autoridad no le tenga miedo a la participación, pero que la sociedad no le tenga miedo a la decisión.
7. Adiós a las genialidades
La participación nos debe llevar a mejores decisiones. La solución a los problemas no puede ser una genialidad del gobierno en turno, sino una decisión articulada de política pública que trascienda los periodos de gobierno y que se construya con opiniones de los actores, entendiendo su propia problemática.
Hay elementos sensibles que deben ser consultados para generar una apropiación de la ciudadanía. El nombre de un parque, de un servicio de transporte, de una ley, se convierten en decisiones importantes y trascendentes en la medida que generan apropiación ciudadana.
...
Estas son tan solo ideas sobre la participación ciudadana. Es un tema que debemos ir construyendo y defendiendo. Con participación ciudadana el cambio en la movilidad hace mucho sentido porque rompería precisamente con las genialidades de los ciclos políticos.
¿Qué es la participación social? Si bien soy politólogo, no es un tema en el que me sienta tan cómodo, pero lo describiré desde mis propias aspiraciones ciudadanas.
1. ¿Debo votar?
La participación política no es lo mismo que la participación social, pero se acercan. Creo que el No votar es un derecho, al igual que el votar, en tanto el voto no es obligatorio. No votar no merece ninguna censura, por un lado; y por otro, votar o no votar no da mayor o menor autoridad para opinar.
Es decir, no estoy de acuerdo con las frases que sentencian que si no votas no tienes derecho a opinar. El No - voto, es también una opinión.
2. Una mejor sociedad.
¿Todos aspiramos a una mejor sociedad? De aspirar, tal vez todos aspiremos a una mejor sociedad, más no todos cooperamos con una mejor sociedad. El votar no me hace partícipe de una mejor sociedad. El no votar tampoco me excluye.
La mejor sociedad a la que aspiro la construyo yo mismo. Es cierto que puede haber quienes cooperen más o quienes estorben, pero al final de cuentas la acción más importante es la mía propia.
Actuar contra la sociedad sí me excluye. En la medida que mis acciones, deliberadamente, afectan a los demás, convivo negativamente con la sociedad. Esto es más grave que votar o no votar.
3. Todos tienen derecho a participar
Participar de los problemas públicos no es participar en política. El artículo 33 constitucional, en sí castrante ("Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país"), no limita la participación en los asuntos políticos de la comunidad, de la ciudad o del estado, sólo del país. Hay un veto implícito en la participación de los extranjeros, lo cual no debería ocurrir.
Participamos porque vivimos problemas y beneficios. Participamos en las cosas que nos afectan. No puede haber limitación en la participación por extranjería ni por ninguna otra causa.
4. Participación y eficacia no están peleados.
Los gobiernos democráticos son electos periódicamente, esto no patea los espacios de participación a los 3 o 6 años. La participación puede ser permanente.
No obstante, la participación social no excluye la acción y decisión gubernamental. El gobierno define las políticas públicas a partir de la participación pero no puede quedar atrapado en el referéndum o en mecanismos de consulta para cada decisión. Lo que sí debe ocurrir, desde mi óptica, es la construcción de procesos democráticos repetibles.
Las decisiones de mayor impacto deben consultarse, las de menor no. Las decisiones de impacto local deben tener mecanismos locales, pero en la medida que las decisiones se vuelven generales hay que armonizar el legítimo interés local con el también legítimo interés regional.
5. El punto de partida del bien jurídico tutelado
Hay decisiones polémicas a cargo de los gobiernos. Hay necesidad de revertir situaciones que han sido toleradas pero que no necesariamente deban ser, y sin embargo la exigencia de consulta nos puede llevar a discutir lo ridículo, lo ilegal, lo indebido. En todo caso la consulta debe ser sobre el uso del bien jurídico tutelado.
¿Someter a consulta pública el desalojo de una colonia de invasores? ¿La inequitativa asignación del espacio público? Lo que ha de discutirse es qué hacer con las reglas de manera abstracta o los procedimientos de desalojo, los destinos del espacio público.
Esto no niega la discusión en lo concreto. Podemos discutir el uso específico de un área verde, de un espacio público determinado, de un pozo, de muchas otras cosas más, pero sobre la base de lo que queremos lograr, no sobre la continuidad del usufructo presente.
6. Crear instituciones y procedimientos
Creo mucho en la participación ciudadana pero también en que elegimos autoridades para que tomen decisiones, construyendo consensos. Hay momentos de deliberación y hay momentos de decisión. El chantaje es inadmisible si se dio oportunidad a la participación, pero es lo más defendible cuando no hubo los suficientes espacios de participación.
Desarrollemos mecanismos, instituciones y procedimientos democráticos, con ellos, la autoridad puede, al final de cuentas, tomar decisiones mucho más transparentes, consensadas y adecuadas. Que la autoridad no le tenga miedo a la participación, pero que la sociedad no le tenga miedo a la decisión.
7. Adiós a las genialidades
La participación nos debe llevar a mejores decisiones. La solución a los problemas no puede ser una genialidad del gobierno en turno, sino una decisión articulada de política pública que trascienda los periodos de gobierno y que se construya con opiniones de los actores, entendiendo su propia problemática.
Hay elementos sensibles que deben ser consultados para generar una apropiación de la ciudadanía. El nombre de un parque, de un servicio de transporte, de una ley, se convierten en decisiones importantes y trascendentes en la medida que generan apropiación ciudadana.
...
Estas son tan solo ideas sobre la participación ciudadana. Es un tema que debemos ir construyendo y defendiendo. Con participación ciudadana el cambio en la movilidad hace mucho sentido porque rompería precisamente con las genialidades de los ciclos políticos.
jueves, 2 de febrero de 2012
La propuesta de Asamblea Constitutiva Ciudadana en el DF
Por José Alberto Márquez Salazar
(@JamSalazar), colaborador especial de esta blog.
Para ningún especialista, con conocimiento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), resulta extraña la idea de modificar el fundamento del órgano legislativo de la ciudad. Con casi 25 años de existencia, necesita modificar su fundamento y sus objetivos, pues hoy es un órgano capturado por grupos políticos que lo utilizan como una plataforma político-electoral.
A diferencia de los 31 órganos legislativos estatales, la Asamblea Legislativa se sustenta en elementos que la diferencian de ellos. En primer lugar, el Distrito Federal no cuenta con una Constitución propia que le dé carácter de Legislativo a la institución, pues el Distrito Federal sigue dependiendo, en muchas materias, de instituciones federales. Pensemos, por ejemplo, que el Jefe de Gobierno no puede nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública o al Procurador de Justicia de manera autónoma dado que necesita la aprobación del presidente de la República.
En segundo lugar, creada como un órgano de representación y para emitir bandos y ordenanzas, por su particular fundamento social, la Asamblea –entonces de Representantes, en 1988- surgió como una especie de conducto donde se buscó institucionalizar a los movimientos políticos-sociales de los ochentas. No nació a partir de la Constitución de un Estado, sino como canal de representación en una ciudad que desde 1917 no tenía representantes electos por el voto universal.
Una tercer elemento tiene que ver con sus tres fases de desarrollo: la primera tiene que ver con el período 1988-1997, donde no contaba con facultades para hacer leyes, pero funcionó como peso a las decisiones del entonces Regente capitalino; la segunda, –de 1997 al 2003-, que sirvió para estructurar la base jurídica y normativa que hoy tenemos y los grupos políticos que integrarían los órganos delegacionales; y, la tercera –del 2003 al 2012- donde se ha realizado un manejo netamente político y se ha retrocedido en algunas materias que tienen que ver con el contrapeso al gobierno de la entidad.
En las últimas dos legislaturas de la Asamblea han existido retrocesos importantes que pasaron casi desapercibidos. Las comparecencias del Jefe de Gobierno y de los titulares de las secretarías se han modificado de tal forma que no existe una forma de intercambio real entre Asamblea y Jefatura de Gobierno, lo mismo sucede en el caso de las presentaciones de los titulares de los órganos delegacionales. Las mismas Delegaciones han perdido facultades frente al Gobierno de la ciudad.
Un punto más de retroceso tiene que ver con la creciente centralización de las tareas que tiene la Asamblea. Si se analiza detenidamente la información de los trabajos que realizó la ALDF se podrá comprobar que en todos ellos aparece la presidenta de la Comisión de Gobierno como si fuera –no el eje del trabajo, que lo es- sino el eje único de transmisión hacía fuera de la institución. La inversión en su imagen supera con mucho la de los anteriores presidentes. En otras palabras, parece ser que gran parte de las labores de la ALDF fueron avocadas a promocionar la imagen de la presidenta de la Comisión de Gobierno disminuyendo la imagen de los demás diputados.
Finalmente, uno de los más grandes retrocesos –seguramente previsibles por la naturaleza de la institución- fue convertir a la ALDF en el centro de la disputa y negociación de los grupos políticos que la utilizan como un medio de colocación, como agencia de colocación, dejando atrás la vocación por legislar. Una buena parte de las leyes y trabajos tiene que ver con la oferta política que los grupos hacen en su territorio. Es decir, productos para vender y ganar votos y no productos con objetivos normativos. Eso no sería problema si las nuevas leyes o normas no generaran duplicidad y un entramado jurídico inconexo, doble y hasta triple, e incoherente.
Hace unos días, la candidata del Partido Acción Nacional, Isabel Miranda de Wallace, propuso la creación de una Asamblea Constitutiva Ciudadana. De acuerdo a las notas de prensa, que privilegie la “discusión de los temas que afectan a los ciudadanos, como educación, salud, ecología, cultura y desarrollo urbano” (El Universal).
Si bien el sentido parece por sí mismo evidente (una Asamblea Legislativa tiene que ver con esos temas) creo que la intención tiene más que ver con resolver, de nueva cuenta, la dicotomía entre ciudadanos-políticos. Y eso es, creo la parte esencial de su propuesta.
Para que la Asamblea Legislativa tenga mejor perfil –hablo de leyes cada vez más claras y que den respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos- creo que tendrían que cambiar los mismos cimientos de la institución o realizar modificaciones radicales en su trabajo.
¿Cómo liberamos al órgano legislativo del Distrito Federal de las disputas políticas y revertimos su papel de agencia de colocación?
Primero, debemos reducir el monto de los ingresos que perciben los diputados para hacer casi honoraria la labor y no un negocio de inversión redituable.
Segundo, debe reducirse el número de Comisiones y Comités y estipular, entre los requisitos para ser presidente, experiencia probada en el tema.
Tercero, deben desaparecer los Módulos de Atención Ciudadana que sirven más para que el diputado haga trabajo territorial para sus propósitos y menos para atender la gestión de la gente.
Cuarto, debe reducirse el número de asesores y personal de apoyo.
Quinto, debe modificarse el Código Electoral del Distrito Federal para determinar que cualquier diputado o diputada debe renunciar si participa en un proceso de precandidaturas o candidaturas por algún puesto de elección popular.
Sexto, deben distribuirse proporcionalmente los presupuestos destinados a la comunicación social por cada grupo parlamentario.
Séptimo, debe prohibirse que los diputados utilicen los trabajos de la Asamblea para promover su imagen.
Creo que la propuesta presentada por la Sra. Wallace es para tomarse muy en serio, pero gane quien gane la elección y tenga mayoría relativa en la ALDF debe empezar a modificar cosas importantes que en estos últimos 10 años se han pervertido.
(@JamSalazar), colaborador especial de esta blog.
Para ningún especialista, con conocimiento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), resulta extraña la idea de modificar el fundamento del órgano legislativo de la ciudad. Con casi 25 años de existencia, necesita modificar su fundamento y sus objetivos, pues hoy es un órgano capturado por grupos políticos que lo utilizan como una plataforma político-electoral.
A diferencia de los 31 órganos legislativos estatales, la Asamblea Legislativa se sustenta en elementos que la diferencian de ellos. En primer lugar, el Distrito Federal no cuenta con una Constitución propia que le dé carácter de Legislativo a la institución, pues el Distrito Federal sigue dependiendo, en muchas materias, de instituciones federales. Pensemos, por ejemplo, que el Jefe de Gobierno no puede nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública o al Procurador de Justicia de manera autónoma dado que necesita la aprobación del presidente de la República.
En segundo lugar, creada como un órgano de representación y para emitir bandos y ordenanzas, por su particular fundamento social, la Asamblea –entonces de Representantes, en 1988- surgió como una especie de conducto donde se buscó institucionalizar a los movimientos políticos-sociales de los ochentas. No nació a partir de la Constitución de un Estado, sino como canal de representación en una ciudad que desde 1917 no tenía representantes electos por el voto universal.
Una tercer elemento tiene que ver con sus tres fases de desarrollo: la primera tiene que ver con el período 1988-1997, donde no contaba con facultades para hacer leyes, pero funcionó como peso a las decisiones del entonces Regente capitalino; la segunda, –de 1997 al 2003-, que sirvió para estructurar la base jurídica y normativa que hoy tenemos y los grupos políticos que integrarían los órganos delegacionales; y, la tercera –del 2003 al 2012- donde se ha realizado un manejo netamente político y se ha retrocedido en algunas materias que tienen que ver con el contrapeso al gobierno de la entidad.
En las últimas dos legislaturas de la Asamblea han existido retrocesos importantes que pasaron casi desapercibidos. Las comparecencias del Jefe de Gobierno y de los titulares de las secretarías se han modificado de tal forma que no existe una forma de intercambio real entre Asamblea y Jefatura de Gobierno, lo mismo sucede en el caso de las presentaciones de los titulares de los órganos delegacionales. Las mismas Delegaciones han perdido facultades frente al Gobierno de la ciudad.
Un punto más de retroceso tiene que ver con la creciente centralización de las tareas que tiene la Asamblea. Si se analiza detenidamente la información de los trabajos que realizó la ALDF se podrá comprobar que en todos ellos aparece la presidenta de la Comisión de Gobierno como si fuera –no el eje del trabajo, que lo es- sino el eje único de transmisión hacía fuera de la institución. La inversión en su imagen supera con mucho la de los anteriores presidentes. En otras palabras, parece ser que gran parte de las labores de la ALDF fueron avocadas a promocionar la imagen de la presidenta de la Comisión de Gobierno disminuyendo la imagen de los demás diputados.
Finalmente, uno de los más grandes retrocesos –seguramente previsibles por la naturaleza de la institución- fue convertir a la ALDF en el centro de la disputa y negociación de los grupos políticos que la utilizan como un medio de colocación, como agencia de colocación, dejando atrás la vocación por legislar. Una buena parte de las leyes y trabajos tiene que ver con la oferta política que los grupos hacen en su territorio. Es decir, productos para vender y ganar votos y no productos con objetivos normativos. Eso no sería problema si las nuevas leyes o normas no generaran duplicidad y un entramado jurídico inconexo, doble y hasta triple, e incoherente.
Hace unos días, la candidata del Partido Acción Nacional, Isabel Miranda de Wallace, propuso la creación de una Asamblea Constitutiva Ciudadana. De acuerdo a las notas de prensa, que privilegie la “discusión de los temas que afectan a los ciudadanos, como educación, salud, ecología, cultura y desarrollo urbano” (El Universal).
Si bien el sentido parece por sí mismo evidente (una Asamblea Legislativa tiene que ver con esos temas) creo que la intención tiene más que ver con resolver, de nueva cuenta, la dicotomía entre ciudadanos-políticos. Y eso es, creo la parte esencial de su propuesta.
Para que la Asamblea Legislativa tenga mejor perfil –hablo de leyes cada vez más claras y que den respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos- creo que tendrían que cambiar los mismos cimientos de la institución o realizar modificaciones radicales en su trabajo.
¿Cómo liberamos al órgano legislativo del Distrito Federal de las disputas políticas y revertimos su papel de agencia de colocación?
Primero, debemos reducir el monto de los ingresos que perciben los diputados para hacer casi honoraria la labor y no un negocio de inversión redituable.
Segundo, debe reducirse el número de Comisiones y Comités y estipular, entre los requisitos para ser presidente, experiencia probada en el tema.
Tercero, deben desaparecer los Módulos de Atención Ciudadana que sirven más para que el diputado haga trabajo territorial para sus propósitos y menos para atender la gestión de la gente.
Cuarto, debe reducirse el número de asesores y personal de apoyo.
Quinto, debe modificarse el Código Electoral del Distrito Federal para determinar que cualquier diputado o diputada debe renunciar si participa en un proceso de precandidaturas o candidaturas por algún puesto de elección popular.
Sexto, deben distribuirse proporcionalmente los presupuestos destinados a la comunicación social por cada grupo parlamentario.
Séptimo, debe prohibirse que los diputados utilicen los trabajos de la Asamblea para promover su imagen.
Creo que la propuesta presentada por la Sra. Wallace es para tomarse muy en serio, pero gane quien gane la elección y tenga mayoría relativa en la ALDF debe empezar a modificar cosas importantes que en estos últimos 10 años se han pervertido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
