Una política federal de transporte público

Recién me he visto involucrado en discusiones sobre la necesidad de una política nacional de promoción al transporte público. Me parece que el tema aún debe madurar mucho más, que no es menor, y que tiene sus ventajas pero también sus complicaciones de instrumentación. Para ser francos, no tengo una conclusión definitiva, así que estas líneas son más para aportar ideas en el tema que para fijar mi postura. Las ciudades mexicanas a menudo se han visto influidas por lo que ocurre en el Distrito Federal. En la medida en que el DF hace bien las cosas, las posibilidades de una réplica exitosa se elevan. Si el DF las hace mal, entonces las otras ciudades copian el error. Los ejes viales dieron origen a pares viales en distintas ciudades del país. Los segundos pisos generaron la ambición por construir más puentes y hasta plantear autopistas urbanas encima de vías existentes. El DF no fue el primero en los autobuses de tránsito rápido y tampoco en la bicicleta pública, pero su éxito está llevando el modelo a otras ciudades. En la medida en que el DF tenga éxito en la promoción de la bicicleta, el rescate de espacios públicos, el respeto a las normas, entre otras acciones, las posibilidades de que lo repliquen en otras ciudades suben. Por tanto, el DF tiene una alta capacidad para generar políticas nacionales de transporte público. Hoy día existe el Fondo Nacional de Infraestructura, que entre otras cosas financia el transporte público. Sus recursos han fluido lento, carece de un entorno institucional que ayude a los estados a sacar fácilmente los proyectos y depende de un comité técnico en el que tengo la impresión que no hay una visión compartida respecto a la necesidad de transformar el transporte público y sí la tendencia a actuar según la secretaría o dependencia de origen. Las facultades que la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otros ordenamientos, son muy acotadas para la Federación. A mí me parecería que crear un área dedicada de lleno a la promoción del transporte público requeriría una reforma legal, eventualmente constitucional. Actualmente la SCT hace una labor de dictaminación de los proyectos, pero no se tiene un área dedicada al tema. Se me antoja difícil, considerando las funciones actuales de los Centros SCT, que éstos terminaran haciendo gestiones locales para proyectos de transporte público, sobre todo considerando el amor que le tienen al pavimento y los fierros. Lo que necesitamos es: 1. Fortalecer la planeación y la evaluación de proyectos. 2. Agilizar la transformación. 3. Lograr que los proyectos realmente respondan a una necesidad y no a los delirios faraónicos de los gobernantes. 4. Hacer los proyectos lo más integrales posibles. Creo que un tema clave es la información disponible. Me parece que la situación actual, en la que cada estado o ciudad contrata a una consultoría distinta para hacer los estudios de Origen - Destino, con metodologías distintas y sin transparencia, en nada favorece la promoción y la evaluación de proyectos. Yo me inclinaría porque el INEGI realice una Encuesta Origen - Destino de las Zonas Metropolitanas, con una periodicidad quinquenal. Con esta información, cada estado tendría que realizar planes, asesorados por un área de planeación, quizá ubicada en Hacienda, considerando la evaluación macroeconómica de los planes, quizá también con el concurso de SCT y Sedesol. Me parece que los recursos tendrían que fluir anualmente y no depender de un fondo cuyos recursos provienen de una privatización y no de una presupuestación regular. Es decir, el FONADIN debería recibir recursos anuales y fortalecerse pero desde la banca de desarrollo, no desde una dependencia federal. Creo que en esencia no cambiaría mucho el entorno institucional actual, pero le daría agilidad y reglas procedimentales y de transparencia, con mejores herramientas en términos de información, como la encuesta de INEGI. Insisto, se trata de una discusión inacabada.