¿Dónde están los institutos electorales estatales?

José Alberto Márquez Salazar

El asunto “Greg” no requiere demasiada inteligencia para entender que puede ser visto desde dos ópticas. La política, donde una acción jurídica golpea a un personaje político en momentos coyunturales, aunque sus posibilidades electorales eran menores; y la judicial que implica una investigación sobre un personaje implicado con la delincuencia organizada. ¿Puede la dirigencia del PRD defender a una persona que ha sido indiciada y señalada desde hace tiempo como un delincuente? Sí, lo puede defender, pero sobre la base de la ilegalidad, de el fortalecimiento de su incongruencia. Así lo han hecho tratando de convertir a “Greg” Sánchez en una víctima, especialmente Jesús Ortega. No tienen sentido lógico ni ético, nadie les pide que lo tengan, pero como estrategia política tampoco se entiende la defensa irracional frente a las pruebas judiciales.

El PRD es su propio sepulturero. Andrés Manuel López Obrador resulta ser hoy el ganador; Nueva Izquierda, la de Ortega, Zambrano y Navarrete, se equivocó. Los sondeos de opinión pueden hacerlo también, pero cuando hay tendencias claras creo que las dudas son menores. Las encuestas hoy le dan al PRD un 8 o 9 % de preferencia electoral. Los peores números en su historia. El PRD va cavando su tumba y también quiere llevarse con él al PAN de la incongruencia dirigente y de la complacencia y pasmo militante.

Mientras todo eso sucede, nuestra fracturada democracia enfrenta a otros enemigos. Hoy, lo gobernadores de la mayoría de los estados ya no hacen giras de trabajo por su estado los domingos, ni se toman fotos en las alamedas o en los parques públicos. Hoy, una de sus grandes tareas es promover a candidatos de sus partidos en otras entidades. Mientras el asunto de la desafortunada niña Paulette quedó concluido con una explicación “racional y lógica”, Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México y responsable también de la procuración de justicia en su entidad, anda de gira de fin de semana apoyando a los candidatos de su partido en otras entidades. ¿Debe un servidor público hacer proselitismo de la forma en que ellos la hacen?

Hace poco más de 100 años, una “coalición” de gobernadores llevaron al poder a Porfirio Díaz. Entonces, de acuerdo a una tipología de François-Xavier Guerra, había dos tipos de gobernadores: los caciques independientes y los dependientes. Aquellos le dieron el primer impulsó a Díaz y los segundos, con el apoyo de éste, ganaron el poder en su territorio para ponerlo al servicio del poder central. La Revolución Mexicana modificó los escenarios y por eso, con conocimiento de causa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, configuraron un poder presidencial suficientemente fuerte para controlarlos.

El PRI construye con sus gobernadores al candidato presidencial. Es evidente que la fuerza de estos en los estados de Sinaloa, Veracruz, México, Yucatán, Puebla y Oaxaca, perfila a quién puede serlo y la forma en qué ganarán la elección de 2012. Triunfante el candidato presidencial, la democracia y el federalismo serán historia porque nacerá un conflicto: cuando el Presidente tomé la banda estará maniatado por esos poderes estatales que lo llevaron al poder.

Cuando se realizaron las primeras modificaciones para revitalizar al Senado de la República, se incrementó el número de sus integrantes y algunas de sus facultades, pero su papel como elementos para equilibrar el poder de los gobernadores no fue contemplado. De hecho parecería ser una función lejana al papel originario del Senado, sin embargo la Reforma de Estado debe contemplar la forma en cómo se limita el poder de los gobernadores. ¿Pueden ser los Senadores un elemento que equilibre el poder con los gobernadores? No lo creo, pero será interesante analizar más.

¿Cómo frenamos el proselitismo de algunos gobernadores que cumplen con sus tareas partidistas mientras la justicia queda exenta de su territorio?

Frente a eso, los institutos electorales estatales están limitados, no tiene la forma o no la quieren usar para emitir siquiera una voz que nos alerte. Como en el caso del Distrito Federal, los institutos electorales están maniatados y dominados por el poder local, llámese Congreso o Gobierno.

Como hemos podido ver, inclusive, los tribunales electorales resultan ser estructuras incapaces de resolver los problemas derivados de las elecciones locales. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, sea por su deficiencia o por su composición política interna, es incapaz de resolver y dejar claramente zanjado un asunto; es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien resuelve finalmente.

En el caso de “Greg” Sánchez que hizo el instituto electoral local, ¿tiene los instrumentos para verificar y limitar que no lleguen personajes “sospechosos” a las candidaturas? De saber que un candidato es un delincuente, ¿qué puede hacer? Hay muchas cosas que deben reflexionarse pues de otra manera la vieja y ancestral pugna entre centralismos y federalismo renacerá.


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